Más sectores se levantan contra entrada en vigencia del nuevo Código Penal; piden su modificación

 Santo Domingo. A 35 días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, diferentes sectores se levantan para que la misma sea postergada hasta que el Congreso Nacional pueda corregir los “entuertos” que consideran tiene la pieza promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado año mediante la Ley 74-25. La pieza jurídica sustituye a la actual, la cual data de 1884.

Algunos comunicadores rechazan dicha normativa bajo el entendido de que sus artículos 208, 209 y 310, que penalizan la difamación y las expresiones ofensivas contra funcionarios con penas de prisión, son amenazas a la libertad de prensa y podrían fomentar la censura.

Ayer, de manera separada, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Defensor del Pueblo solicitaron formalmente al Poder Ejecutivo que la pieza sea sometida primero a un proceso de revisión.

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, considera que la legislación presenta "ambigüedades, duplicidades e incoherencias" que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal.

En tal sentido, pidió al Gobierno someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, tras advertir que su entrada en vigor, pautada para el 3 de agosto, podría generar graves trastornos en el sistema de justicia debido a las deficiencias que, según la entidad, aún contiene el texto aprobado.

Castaños Guzmán hizo un vehemente llamado al presidente Luis Abinader para que impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25 para aplazar la aplicación del Código y abrir un espacio que permita corregir las inconsistencias detectadas mediante un proceso de consultas y, posteriormente, se produzca un consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.

Mientras tanto, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó al Congreso Nacional a habilitar un espacio de diálogo institucional con la Sociedad Dominicana de Diarios, medios de comunicación, gremios periodísticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil, ante las preocupaciones expresadas sobre los posibles efectos de determinadas disposiciones de la Ley 74-25.

“Desde el Defensor del Pueblo abogamos por un diálogo sincero, constitucional y responsable, que permita proteger la libertad de expresión y, al mismo tiempo, garantizar la dignidad, la honra, la intimidad y el buen nombre de las personas. No se trata de debilitar la persecución penal frente a conductas lesivas, sino de asegurar que ninguna norma pueda ser interpretada de manera incompatible con los derechos fundamentales”, expresó Ulloa.