RD avanza en sus compromisos para la conservación del medioambiente

 

Tras la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, República Dominicana se encuentra en una posición de contrastes. Mientras el país exhibe avances importantes en conservación de ecosistemas, expansión de áreas protegidas y recuperación forestal, también enfrenta crecientes desafíos asociados al calentamiento global, la contaminación atmosférica, la gestión de residuos sólidos, la pérdida de biodiversidad y la presión humana sobre los recursos naturales.

La celebración de este año se desarrolla bajo el lema internacional impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “¡Por el clima YA!”, una convocatoria global que busca acelerar las acciones para enfrentar la emergencia climática que afecta a millones de personas en todo el planeta.

Para República Dominicana, la fecha representa una oportunidad para evaluar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el marco del Acuerdo de París, las iniciativas climáticas impulsadas por la Comunidad del Caribe (Caricom), los programas de resiliencia costera promovidos por la Asociación de Estados del Caribe y los objetivos nacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

La advertencia internacional es clara. Según Naciones Unidas, las consecuencias del cambio climático ya no constituyen un riesgo futuro, sino una realidad presente que impacta la salud pública, la producción de alimentos, la seguridad hídrica, la infraestructura y la estabilidad económica de numerosos países.

El Caribe, entre las regiones más vulnerables

La situación resulta especialmente preocupante para las naciones insulares del Caribe, consideradas entre las más vulnerables del mundo frente al calentamiento global.

Un estudio elaborado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) advierte que la región enfrenta riesgos crecientes derivados del incremento sostenido de las temperaturas globales y de las alteraciones en los patrones climáticos.

Entre los principales impactos identificados figura la expansión del dengue. Los investigadores señalan que desde la década de 1990 la enfermedad ha ampliado significativamente su presencia en América Latina y el Caribe, favorecida por condiciones climáticas cada vez más propicias para la reproducción de los mosquitos transmisores.

El documento explica que, aunque factores como la urbanización acelerada, la movilidad humana y los sistemas de control de vectores influyen en la propagación de la enfermedad, el aumento de las temperaturas ha creado ambientes más favorables para la transmisión.

Los modelos científicos proyectan que el riesgo continuará creciendo durante las próximas décadas en zonas tropicales, subtropicales y templadas.

La investigación también alerta sobre el incremento de las macroalgas flotantes conocidas como sargazo.
Según el análisis de la PUCMM, las altas temperaturas registradas en la superficie del Atlántico y del mar Caribe han favorecido una proliferación sin precedentes de estas algas, cuya presencia afecta directamente la actividad turística, altera ecosistemas costeros y obliga a los gobiernos a invertir millones de dólares cada año en labores de limpieza y mitigación.

Otro de los riesgos identificados está relacionado con la producción ganadera. El estudio advierte que un incremento global de entre 1.5 y 2 grados Celsius podría superar los límites de termorregulación del ganado, provocar estrés térmico persistente, disminución de la productividad y pérdidas económicas para los productores agropecuarios de la región.

Una carrera contra el tiempo

Los datos citados por la academia muestran la dimensión global del problema.

Desde el año 1850, las actividades humanas han liberado más de 2,300 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

La comunidad científica concluyó que la acumulación de gases de efecto invernadero es la principal causa del calentamiento global observado durante las últimas décadas.

Los especialistas estiman que al ritmo actual de emisiones quedan poco más de 28 años para evitar que la temperatura global supere los dos grados Celsius respecto a los niveles preindustriales.

Más alarmante aun resulta la advertencia de que restan apenas nueve años para impedir que el calentamiento exceda el límite crítico de 1.5 grados Celsius considerado por la comunidad científica como fundamental para evitar consecuencias irreversibles.

Paradójicamente, los países del Caribe contribuyen mínimamente a las emisiones globales.

Mientras las economías desarrolladas son responsables de aproximadamente el 45 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, América Latina y el Caribe generan apenas el 11 %. Los pequeños Estados insulares del Caribe aportan menos del 1 %.

Sin embargo, son algunos de los territorios más expuestos a huracanes intensos, erosión costera, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad.

Las denuncias ambientales revelan las preocupaciones ciudadanas

Los datos más recientes del Ministerio de Medio Ambiente ofrecen una radiografía precisa de las principales problemáticas ambientales percibidas por la población.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 1,265 denuncias ambientales en todo el país.

De ese total, 762 expedientes fueron cerrados, equivalente al 60.2 %. Otros 391 permanecían en proceso de investigación y 112 continuaban abiertos bajo seguimiento.

La contaminación atmosférica encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas con 294 denuncias.
Le siguen los problemas relacionados con residuos sólidos, que acumularon 220 casos; la contaminación sónica, con 156 denuncias; la tala ilegal de árboles y manglares, con 131 expedientes; y las construcciones presuntamente irregulares, con 117 reportes.

Los registros reflejan que la población percibe cada vez con mayor claridad el impacto ambiental derivado del crecimiento urbano desordenado, la expansión vehicular y el manejo inadecuado de los desechos.

Los indicadores muestran luces y sombras

La evaluación de los indicadores ambientales contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público muestra una realidad compleja.

Uno de los indicadores más preocupantes sigue siendo el aumento de las emisiones de dióxido de carbono.

La línea base nacional registraba 2.35 toneladas métricas per cápita en 2009. Para 2022 la cifra alcanzó 4.19 toneladas, el valor más alto de la serie histórica.

Aunque las proyecciones recientes sugieren una ligera reducción, las emisiones continúan significativamente por encima de los niveles registrados hace una década.

El crecimiento económico, la expansión urbana y el aumento del parque vehicular continúan ejerciendo presión sobre los niveles de contaminación.

No obstante, los avances también son evidentes.

La superficie terrestre protegida pasó de 24.4 % en 2009 a 25.6 % en 2025, superando las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Aún más significativo resulta el crecimiento de las áreas marinas protegidas, que aumentaron de 10.8 % en 2023 a 30.79 % en 2025.

La cobertura forestal también mantiene una tendencia positiva.

La tasa de deforestación promedio permanece en -0.25 %, indicador que refleja una ganancia neta de cobertura boscosa gracias a los programas de reforestación y recuperación ecológica.

Asimismo, la restauración de ecosistemas costeros y marinos ha experimentado un crecimiento extraordinario.

Biodiversidad bajo presión

A pesar de los avances, los retos siguen siendo considerables. Los registros oficiales indican que existen actualmente 1,330 especies de flora amenazadas y 434 especies de fauna bajo algún nivel de riesgo.

A ello se suma la presencia de 552 especies invasoras que continúan alterando ecosistemas y desplazando especies nativas.

Otro desafío relevante es la ocupación humana dentro de áreas protegidas.

Los informes registran 163 asentamientos humanos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una cifra que se mantiene sin variaciones desde 2022 y que representa un desafío para la conservación de espacios estratégicos para la biodiversidad nacional.

Proedemaren fortalece la prevención y la justicia ambiental

Frente a estos desafíos, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) asegura que ha fortalecido significativamente sus mecanismos de prevención, investigación y persecución de delitos ambientales.

La institución destaca que su labor se desarrolla en cumplimiento del Plan Estratégico del Ministerio Público y del objetivo de reducir la ocurrencia de conflictos y delitos ambientales mediante acciones preventivas.

Desde la Dirección General de Prevención, Políticas Ambientales y Proyectos, (Proedemaren) afirma que impulsa una estrategia orientada a “reducir el impacto negativo de las acciones humanas sobre los ecosistemas y recursos naturales”.

La entidad explica que ha desarrollado jornadas permanentes de capacitación, seminarios, talleres, conferencias y encuentros comunitarios destinados a fortalecer la conciencia ambiental de la ciudadanía.
Según la institución, estas acciones buscan “contribuir a una conciencia ecológica ciudadana marcada por el compromiso” y formar multiplicadores capaces de expandir los conocimientos ambientales en sus respectivas comunidades. La Procuraduría también resalta avances en la consolidación de un modelo innovador de prevención y persecución de delitos ambientales con participación activa de instituciones públicas, organizaciones sociales y sectores comunitarios.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la creación de la Mesa Técnica de Coordinación Interinstitucional integrada por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD. 
(Proedemaren) considera que estas mesas representan “un paso histórico y novedoso” para la coordinación de políticas públicas orientadas a la protección de los recursos naturales y la garantía de la seguridad hídrica y la sostenibilidad económica del país.

La institución sostiene además que ha fortalecido los mecanismos de atención ciudadana, promoviendo el acceso a la justicia ambiental y facilitando la presentación y seguimiento de denuncias por parte de comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanos.

Asimismo, ha desarrollado programas de reforestación, limpiezas de playas y ríos, campañas de reciclaje y el proyecto denominado “Proedemaren: Centro de Acopio de Botellas Plásticas”, destinado a reducir la contaminación generada por residuos plásticos.

La entidad afirma que estos esfuerzos se complementan con investigaciones activas y procesos de judicialización de delitos ambientales, mediante los cuales se han obtenido sentencias ejemplares contra infractores de la legislación ambiental dominicana.