Tercer Tribunal Colegiado asumirá los juicios de fondo contra Donald Guerrero, Hugo Beras y Jochi Gómez

 SANTO DOMINGO. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado para conocer dos de los procesos penales por presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años: el juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y los demás implicados en un supuesto entramado que habría defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones.

El otro es el proceso seguido al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados en la firma irregular de un contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El tribunal, que conocerá los dos casos por separado, está integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez, quien lo presidirá, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, designadas mediante sorteo aleatorio por la Presidencia de la Cámara Penal de la mencionada jurisdicción.

En el expediente que involucra a Donald Guerrero también figuran como acusados el abogado Ángel Lockward y sus empresas, además de otras 33 personas físicas y jurídicas señaladas por el Ministerio Público de integrar una estructura de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, sobornos para financiar la campaña electoral de 2020 y otras maniobras ilícitas.

Entre los procesados se encuentran: Princesa Alexandra García Medina; Luis Miguel Piccirilo; Yahaira Brito Evangelista; Edwin Oscar Brito; Mabel Mejía; Nathaly Hernández Guzmán; Kimberly Zayas Martínez; Marino Cabrera; Agustín Mejía Ávila; César Santana; Omar Miqui Arias; Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa; Juan Tomás Polanco Céspedes; y Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros.

En la fase preliminar fueron favorecidos con un auto de no ha lugar el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta; Marcial Reyes; Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, luego de que la jueza Altagracia Ramírez concluyera que no existían pruebas suficientes para enviarlos a juicio.

De acuerdo con la acusación, la estructura también sustrajo fondos destinados al pago de deudas de instituciones públicas e implantó un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio Público atribuye a los imputados los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.

Ahora corresponderá a las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado valorar las pruebas presentadas por las partes y decidir si procede condenar o absolver a los acusados que fueron enviados a juicio.

Todavía no se ha fijado audiencia para la apertura del juicio, caso contra Hugo Beres y Jochi Gómez.

Junto a Beras y Gómez Canaán serán juzgados Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Asimismo, fueron enviadas a juicio las personas jurídicas Transcore Latam, Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., Pago RD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según el Ministerio Público, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. se otorgó acceso privilegiado a esas empresas, lo que habría permitido desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, en violación de los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.

La acusación sostiene que el eje central de la presunta estructura es José Ángel Gómez Canaán, quien mantenía vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.

Según el órgano acusador, fueron utilizadas para cometer estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico mediante el control de infraestructuras críticas y recursos estratégicos.